Derecho de los indígenas a la impartición y procuración de justicia

Con el objetivo de implementar mecanismos que fortalezcan el cumplimiento de las garantías individuales hacia grupos indígenas que se encuentren involucrados en algún proceso legal y que requieran la intervención de un interprete traductor, este día la Procuraduría General de Justicia, en coordinación con diferentes autoridades conformaron el Comité Técnico de la estrategia de formación, acreditación y certificación de interpretes en lenguas indígenas en el ámbito de procuración y administración de justicia.

Dicho comité encabezado por la Procuraduría General de Justicia, además está integrado por el Tribunal Superior de Justicia, Comisión de Derechos Humanos del Estado, Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, Comisión Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, Universidad del Desarrollo del estado de Puebla, Casa de la Cultura Jurídica de Puebla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto Nacional de Antropología e Historia, delegación estatal Puebla, Instituto Federal de Defensoría Pública, delegación estatal Puebla, Procuraduría General de la República, delegación Puebla, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas delegación México DF., Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Universidad Intercultural de Huehuetla, Puebla, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La iniciativa de impulsar la creación de un padrón de intérpretes calificados y certificados, orientados a promover el servicio público de intérpretes en lenguas indígenas para el ámbito de la justicia penal, surgió como resultado de la visita a las diferentes agencias del Ministerio Público, así como a los juzgados en donde muchas veces existen traductores que desafortunadamente no tienen los conocimientos básicos de lo que se realiza durante una diligencia.

En los próximos días se dará a conocer la convocatoria para cursar el diplomado en el cual los aspirantes a traductores serán capaces de comentar en castellano la declaración del indígena procesado y luego en su labor de interprete, tener la capacidad de descifrar y explicar los términos jurídicos que la autoridad exprese, ya que muchos de estos términos no tienen sinónimos en la lengua original.

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas expuso el mecanismo a seguir para llevar a cabo esta certificación, señalando que una vez concluido el diplomado, los participantes serán acreditados y certificados como nuevos peritos interpretes-traductores, con lo que se fortalecen las garantias constitucionales de los grupos indígenas.

Finalmente Víctor Antonio Carrancá Bourget, Procurador General de Justicia señaló que a través de estos mecanismos se refrenda el mandato constitucional sobre el derecho que tienen los indígenas a ser asistidos por un traductor o interprete cuando se encuentre involucrado en un procedimiento legal.