El español como lengua oficial, propuesta polémica

La idea del nuevo presidente de la Academia Mexicana de la Lengua es cuestionada por lingüistas e investigadores para quienes sería discriminatoria y marcaría un retroceso.

Para muchos es sorprendente que México, el país con mayor número de hispanohablantes en el mundo y con una lengua próxima a convertirse en una de las variantes lingüísticas más usadas y prestigiadas del español a nivel internacional, no tenga una declaratoria constitucional que haga del español la lengua oficial del país. Esa es una de las inquietudes del nuevo presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, Jaime Labastida, quien durante el mes pasado declaró a este diario que una de sus propuestas al frente de esta institución será proponer una reforma de ley para declarar al español como lengua oficial del país.

El poeta y ensayista sinaloense, que sustituyó a José Moreno de Alba el pasado mes de febrero, explicó que esta propuesta de reforma constitucional, que presentará ante las Cámaras de Diputados y Senadores, se debe a que casi 95% de la población de la República tiene al español como lengua madre, además de que los aproximadamente ocho millones de indígenas tienen como segunda lengua al español.

Labastida advirtió que esta propuesta se realizará con el respeto total a las lenguas amerindias, no atenta contra ellas sino que las refuerza, pues su iniciativa hará “que los municipios y los estados incluyan al español y la lengua autóctona como oficial”.

¿Qué está en juego?

Sin embargo, para lingüistas, académicos y para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) es una propuesta que tendría que revisarse a detalle, puesto que, si bien a la mayoría de los ciudadanos no les afecta, la preservación y valoración de las lenguas indígenas estaría en inminente peligro.

De acuerdo con el lingüista e investigador del Colegio de México, Luis Fernando Lara, se debe tomar en cuenta que el motivo principal para que nunca se haya declarado a la lengua española como oficial de México es “el temor de que tal declaración, (que a los hispanohablantes no nos afecta porque hemos vivido 200 años sin que el castellano sea nuestra lengua oficial, y podremos seguir viviendo así) se convierta en un motivo de agresión a nuestros pueblos aborígenes”.

Hay fundadas razones para temerlo, explica Lara: “Basta ver el trato no sólo discriminatorio, sino agresivo, como si fueran delincuentes, a varias estaciones de radio que transmiten en lengua indígena, o el trato que reciben los padres de familia al registrar los nombres de sus hijos, o la manipulación criminal que sufren los acusados en algún tribunal penal o agrario, a quienes se daña, se les roban sus tierras o se les mete a la cárcel por no dejarlos defenderse en sus propias lenguas e imponerles traductores traidores (recordemos el caso de Ernestina Asensio, en Veracruz)”.

La oficialización del español en todo el territorio nacional, indican los especialistas, significaría además un retroceso respecto a lo que en materia de derechos indígenas se ha logrado en los últimos 20 años.

Se refieren a la serie de reformas constitucionales realizadas en 2001 para legislar los derechos de los pueblos indígenas basado en la propuesta de la COCOPA, conforme a los Acuerdos de San Andrés. Entre éstas destacó la reforma del artículo segundo de la Carta Magna, donde se establece que México es una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Y de La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003), que tiene por objeto “regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales, y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y del desarrollo de las lenguas indígenas”; además de que reconoce a las lenguas indígenas y al español “como lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su territorio, y contexto en que se hablen”.

“Hubo todo un proceso para llegar a esto y de eso se ha desprendido un conjunto de políticas que han sido benéficas para el desarrollo pluricultural y lingüístico del país”, indica Rodrigo Gutiérrez Bravo, profesor del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México.

El también especialista en lenguas mayas, advierte que efectuarse una propuesta como la de Jaime Labastida, “sería un retroceso muy considerable al proyecto de construir un país multicultural, multibilingüe y al espacio que le corresponde a los pueblos indígenas en la sociedad”.

Sin educación bilingüe

Pero para el profesor de lingüística Rainer Enrique Hamel, de la UAM-Iztapalapa, las leyes encargadas de conservar y proteger a las lenguas indígenas no han sido efectivas en la práctica.

“Hasta la fecha en México no existe una educación bilingüe, en las escuelas que oficialmente pertenecen al sistema de educación indígena tenemos más de un millón 200 mil niños indígenas de primaria y más de 60 mil profesores indígenas, pero en la práctica en la gran mayoría de esas escuelas se sigue aplicando un modelo de castellanización, se impone al español por encima de las lenguas indígenas”, afirma.

“Según esta ley (la de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas) los ciudadanos indígenas deben ser atendidos en las instituciones públicas, como las de salud y justicia, en sus lenguas originales y eso es algo que estamos enormemente lejos para que se ponga en práctica”, dice.

Además, añade Rainer Enrique Hamel, esa misma ley establece que los indígenas tienen derecho a traductores, pero la formación y la certificación de éstos es todavía un largo proceso: “el establecimiento para el derecho a un traductor es una gota dentro de un mar de necesidades que todavía estamos lejos de satisfacer”.

Luis Fernando Lara, explica que a pesar de la reforma constitucional al artículo cuarto, “ningún gobierno se ha sentido concernido con el reconocimiento de nuestras lenguas amerindias, y las injusticias en los tribunales siguen día con día. Un reconocimiento del español como lengua oficial daría buena coartada a gobernantes desobligados, irresponsables y hasta racistas para aumentar la coerción en nuestros indios para que hablen español y abandonen sus propias lenguas (algo que se ha hecho desde el siglo XVI); permitiría a la SEP olvidarse de la educación bilingüe y aumentarían las dificultades para que nuestros indios reciban una buena educación, como nos merecemos todos los mexicanos”.

Promover otras lenguas

La institución encargada de promover y estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), considera que la propuesta de declarar al español como lengua oficial de este país, donde existen alrededor de 65 lenguas y agrupaciones lingüísticas indígenas, sería una propuesta aceptable sólo si lo que hace es impulsar también la oficialización regional de las lenguas indígenas.

Fabricio Julián Gaxiola Moraila, director Adjunto de Coordinación y Enlace del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, señala que la propuesta de Jaime Labastida -de la cual la institución tiene conocimiento desde mucho antes- sería aceptable únicamente si “se trata de una iniciativa que lo que hiciera es promover que los estados y municipios declaren sus otras lenguas como oficiales y que a la vez sea declarado a nivel nacional el español”.

En eso coinciden también Rainer Enrique Hamel y Luis Fernando Lara, coordinador del Diccionario del Español de México, para quien “tal propuesta podría tener sentido, siempre y cuando se asegurara el mantenimiento y la promoción efectiva de estas lenguas. Si no, mejor no moverle; la propuesta encantará a los académicos españoles de la lengua, muchos de los cuales agreden permanentemente a las otras lenguas de España, como el catalán y el vasco. Ante tal horizonte, creo que es mejor, insisto, no moverle y no exponernos a una declaratoria de oficialidad en principio demagógica, que traiga más perjuicios que los actuales”.

No obstante, para el profesor Rodrigo Gutiérrez Bravo, una reforma constitucional de este tipo no tiene ningún aspecto positivo. “Al sopesar los pros y los contras terminan siendo más los contras y no puedo encontrarle ningún lado positivo”, dice.

“Hemos recorrido un camino muy largo para lograr que las lenguas indígenas estén en una situación, al menos en el aspecto jurídico, de paridad y de igualdad con el español. Aunque todos sabemos que en los hechos no son así, existe una asimetría es enorme”, dice el investigador y añade que de aprobarse una reforma constitucional así se llegaría a un escenario en donde las asimetrías serían mucho más grandes:

“Ya no sería sólo en el plano de los hechos, sino que además habría asimetrías en el plano jurídico”.